Con la aprobación por la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona de una agresiva declaración contra Israel, acompañada de un texto panfletario plagado de bulos, falsedades y clichés, ese consistorio se une a la ominosa lista de ciudades donde ha triunfado el antisemitismo más rancio y la intolerancia extremista. La ratificación de esta moción demuestra una fijación enfermiza contra el Estado Judío, precisamente la única democracia garantista de Oriente Medio. Y eso mientras en todos sus vecinos se suceden verdaderas carnicerías auspiciadas por el yihadismo y por regímenes arabistas.

La votación ha permitido al menos que caigan las caretas y se demuestre dónde está cada cual en la pugna entre la civilización y la barbarie: la propuesta contra los valores Occidentales ha contado con los votos a favor de Barcelona en Comú (Podemos), grupo impulsor de la declaración, ERC, PSC y CUP. El grupo Demócrata, antigua CiU, y un regidor no adscrito se han abstenido, como si se pudiera ser neutral entre los terroristas y sus víctimas. Han votado en contra PP y Ciudadanos, a quienes felicitamos por su claridad moral.
El acuerdo de la Comisión de Presidencia decide explorar vías para exigir en la contratación pública declaraciones de no vinculación con Israel bajo el pretexto del respeto al Derecho Internacional y la idea de que Israel lo incumple. Los proponentes saben que la introducción de tales exigencias es tanto inconstitucional por discriminatoria como ilegal por infringir los principios de la legislación de contratación pública, y con toda probabilidad sería anulada por los Tribunales y su aplicación, suspendida de inmediato. Especialmente grosera resulta la apelación a la normativa europea.
La Comisión Europea, a través de su actual Vicepresidenta Federica Mogherini, volvió a expresar hace unos meses su taxativo rechazo a la campaña de boicot a Israel y su frontal oposición a cualquier tipo de aislamiento al estado israelí. La Unión Europea defiende el derecho de personas u organizaciones a expresar su opción. Pero en ningún caso a excluir, amenazar, o acosar, que son los métodos habituales del movimiento boicoteador de Israel. Tampoco ampara las expresiones de odio, la glorificación del terrorismo o las llamadas a la persecución antisemita que hacen los anti israelíes permanentemente.
El sistema legal español deja claro que, mientras los representantes públicos elegidos pueden expresar su opinión, tal opinión no puede traducirse en decisiones administrativas cuando éstas discriminan por razones de origen nacional, etnia, religión o convicciones, y cualesquiera otras circunstancias, o cuando hacen a los organismos administrativos perder la neutralidad que la Constitución y las leyes requieren para la gestión de los intereses públicos.
No sólo España persigue judicialmente al BDS: en países como Francia el boicot sigue siendo ilegal ,y su ejecución por empresas e instituciones está ampliamente reprobada en Estados Unidos.
ACOM estudiará acciones legales mientras denuncia el acoso que sufren con estas decisiones los ciudadanos que disienten de la criminalización de Israel, y muy particularmente, el intento de arrinconamiento y coacción desde los poderes públicos locales contra la comunidad judía que siente, naturalmente, particular simpatía y afinidad por el estado hebreo.
Frente a todo ello, ACOM recuerda que el garante de las libertades y la convivencia, así como la protección de las minorías, como es la judía en Barcelona y en Cataluña, es el estado de derecho y nuestro marco constitucional que impide y penaliza en España estos abusos.